El 26 de septiembre de 1976 se produjo un operativo de Fuerzas Conjuntas de los gobiernos dictatoriales de Argentina y Uruguay para desarticular una imprenta clandestina del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que funcionaba en la finca de Emilio Castro 749. Allí vivían un matrimonio uruguayo con sus tres hijos. Esa imprenta era manejada por otros dos militantes, también uruguayos.

En ese operativo secuestraron a todos los presentes. Adalberto Soba, Raúl Tejera y Juan Pablo Errandonea aún permanecen desaparecidos.

La Imprenta

En Emilio Castro 749, de la localidad de Haedo, partido de Morón, funcionaba una imprenta clandestina. ¿Por qué era clandestina? Porque ya establecido el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, toda forma de organización social y de militancia política tenía que estar oculta, debía ser secreta. La dictadura militar había prohibido la participación en partidos políticos; había intervenido las reparticiones estatales y sindicatos y había suprimido la libertad de prensa en todas sus formas. Pero esto no inició formalmente aquel 24 de marzo. El 7 de noviembre de 1974 ya se había decretado en el país el Estado de Sitio, que restringía los derechos y libertades individuales, coartaba la libertad de expresión y de reunión y facultaba, ya en ese momento, a detener y reprimir con la supuesta justificación de mantener el orden público y proteger la seguridad de la Nación.

En aquellos años no existían los celulares y mucho menos las redes sociales. La “era digital” todavía estaba lejos. Es por este motivo que el papel representaba el medio de comunicación y difusión por excelencia. La labor realizada en una imprenta permitía la confección de distintos tipos de documentos que, por sus características propias, podían ser escondidos fácilmente para ser transportados y compartidos.

Exilio combatiente

Claro que las imprentas son manejadas por personas, pero no cualquiera puede hacerlo, debe conocer en profundidad el oficio. Es por esto que, en ese mismo domicilio de la esquina de Emilio Castro y Del Valle Iberlucea, vivía una familia. Un matrimonio uruguayo con tres hijos nacidos en Uruguay. María Elena Laguna (28 años) y Adalberto Soba Fernández (31 años) habían llegado a Argentina a mediados del año 1973, escapando de la dictadura uruguaya, perseguidos por la militancia de Adalberto, en aquel momento, la Organización Popular Revolucionaria “33 Orientales”.  Él era obrero gráfico, así como también lo eran dos compañeros uruguayos que concurrían al domicilio a trabajar en la imprenta. Raúl Tejera Llovet (28 años) y Juan Pablo Errandonea Salvia (20 años). Ellos, al igual que Adalberto, llegaron al país escapando de la dictadura uruguaya. Ambos también eran militantes en Uruguay. Raúl en la Resistencia Obrero Estudiantil y Juan Pablo en la Resistencia Obrero Estudiantil y en la Federación Anarquista Uruguaya.

Todos fueron refugiados en este país por la A.C.N.U.R. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) como tantos otros compañeros y compañeras del país vecino. No se encontraban de manera ilegal en Argentina, estábamos aún en democracia, pero igualmente debían manejarse con mucho cuidado debido no solo a lo señalado anteriormente, sino también porque el 25 de noviembre de 1975 se había establecido el “PLAN CÓNDOR”. Este plan organizaba acciones conjuntas de las Fuerzas de Seguridad, estableciendo un régimen operacional que involucraba a las dictaduras que desde la década de 1960 se imponían en América del Sur (en orden de los golpes militares: Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina). Las acciones que incluía, como todo proceso dictatorial, eran la persecución de cualquier disidencia social y política, no solo de organizaciones guerrilleras sino de militantes políticos, sociales, estudiantes, docentes, periodistas y artistas populares.

La creación del PVP

Habiendo tenido que abandonar su país natal por seguridad, los compañeros uruguayos aquí instalados no abandonaron sus convicciones de lucha por una sociedad más justa, siempre con la esperanza de, en algún momento, retornar a su tierra. Es por esto que aquí en Buenos Aires, el 26 de julio de 1975, fundan el PVP, Partido por la Victoria del Pueblo. En este repliegue hacia Argentina se reorganizaron para llevar a cabo acciones políticas de resistencia. Un exilio combatiente para resistir y luchar activamente contra estas opresiones, ante la emergencia de gobiernos autoritarios y la persecución instaurada en Latinoamérica por medio del Plan Cóndor.

En este contexto, sabían que aun siendo refugiados corrían peligro y que sus actividades no podían ser exteriorizadas a los vecinos ni a las personas que no compartieran sus ideales. Raúl y Juan Pablo tenían sus trabajos “formales” y sus hogares, al mismo tiempo que trabajaban activamente en la imprenta de Emilio Castro. Trataban de llevar una vida lo más común posible, aunque no fuera del todo factible. Lamentablemente, eran cotidianas las noticias de compañeras y compañeros uruguayos que estaban siendo detenidos, secuestrados y de los que no se sabía su paradero.

Mientras los tres compañeros continuaban su militancia aquí, desde su oficio de obreros gráficos, Adalberto trataba de mantener al margen de estas actividades a su familia. Su esposa, María Elena, ni siquiera entraba a la habitación donde se encontraba la imprenta. Ella sabía que había otras personas trabajando allí, pero no tenía contacto con ellos, tampoco sabía sus nombres. Entre tanto, cuidaba de sus tres hijos: Sandro de 8 años; Leonardo de 5 y Tania de 4. Era peligroso que los chicos fueran a la escuela, por eso el pequeño Sandro recibía en su hogar la visita de una maestra del barrio. Tampoco podía jugar libremente en la calle con sus vecinitos, como quizás podía hacerlo cualquier otro niño. Las razones de seguridad así lo imponían, por eso, tampoco llevaban ni él ni sus hermanos el apellido paterno. El apellido de su mamá era menos riesgoso para tramitaciones legales, ya que ella no militaba.

Aquel día

Un domingo, María Elena estaba en la casa con los tres niños. Juan Pablo y Raúl también se encontraban en el domicilio, trabajando en la imprenta. Adalberto había salido por la mañana a encontrarse con otro uruguayo refugiado, miembro del PVP: Alberto Mechoso Méndez. El encuentro debía producirse en un bar del barrio de Liniers, en Capital Federal. Lo que sabemos, al día de hoy, es que Alberto Mechoso estaba ya en el bar cuando lo detuvieron. Horas después, pasado el mediodía, Fuerzas de Seguridad irrumpían en su domicilio matrimonial, en Villa Lugano, Capital Federal, llevándose detenida a su mujer Beatriz Castellonese Techera y a sus dos pequeños hijos. Casi simultáneamente se producía un operativo de gran despliegue en la intersección de Emilio Castro y Del Valle Iberlucea, en Haedo. Fuerzas de Seguridad argentinas y uruguayas habían rodeado la casa. Por el frente, por los fondos, personal apostado en techos vecinos. Segundos después habían irrumpido en el domicilio. Llevaban con ellos a Adalberto, golpeado, ensangrentado, envuelto en una frazada. María Elena lo vio. Por su estado, él no pudo siquiera hablarle.

El Cautiverio

Horas más tarde, todos se encontraban secuestrados en el Centro Clandestino de Detención en Capital Federal conocido como Automotores Orletti. Juan Pablo, Raúl, Adalberto y, por separado, María Elena y los tres pequeños. Durante su cautiverio, María Elena pidió ver a su marido. Sus captores cumplieron con su pedido. Pero todos, incluidos los niños, vieron a alguien prácticamente irreconocible. En muy mal estado, tan golpeado, tan torturado, que no podía más que pedir agua. Ella lo abrazaba y los niños lloraban desconsolados. “Tengo sed” fueron las últimas palabras que escucharon de Adalberto. Jamás volvieron a verlo ni a saber de él.

No eran los únicos niños en ese Centro Clandestino. También se encontraban allí los hijos de Mario Roger Julién Cáceres, otro compañero uruguayo, también obrero gráfico, secuestrado el mismo día que se desarrolló el operativo en Emilio Castro, pero horas más tarde en su domicilio de San Martín, provincia de Buenos Aires. Luego, dos días después de estos secuestros, también llega a Orletti otro matrimonio uruguayo del PVP. Se trataba de Cecilia Susana Trías Hernández y Washington Cram González, domiciliados en el partido de Morón, secuestrados en Capital Federal el 28 de septiembre de 1976.

Hacia Uruguay: la continuidad del secuestro

Días después, María Elena fue llevada a Uruguay junto con sus tres hijos en un vuelo comercial. La “acompañaban” dos militares uruguayos, quienes también habían participado del operativo de secuestro en el domicilio de Emilio Castro. En ese mismo vuelo se encontraba Beatriz, la esposa de Alberto Mechoso, y sus dos hijos. Viajaron sin necesidad de hacer ningún trámite. De eso se encargaron los militares, quienes en el vuelo se hicieron pasar por sus maridos. Llegados al aeropuerto de Montevideo, María Elena fue llevada con uno de los niños a lo que cree que era un Cuartel, donde estuvieron por, aproximadamente, diez días, hasta ser liberados. Los otros dos niños fueron dejados en la calle de la esquina de la casa de la abuela materna al momento de la llegada a Montevideo.

Adalberto Soba Fernández, Raúl Tejera Llovet y Juan Pablo Errandonea Salvia continúan desaparecidos. Pero no pudieron matar ni desaparecer al Partido por la Victoria del Pueblo, que continuó su lucha, con injerencia directa aún hoy en día en la República Oriental del Uruguay.

El derecho de los Pueblos y la construcción de la memoria social

Esa imprenta clandestina, además de representar un medio activo de lucha mediante la difusión de información, fue vital para la confección de distintos tipos de documentos que ayudaron en el día a día a decenas de ciudadanos uruguayos en nuestro país, incluso salvando sus vidas. En un contexto marcado por la represión estatal, la censura y el exilio político, la imprenta desempeñó un papel central en la denuncia de los hechos acontecidos, convirtiéndose en una herramienta fundamental para visibilizar la violencia ejercida y mantener viva la resistencia.

Esas acciones de aquel partido nacido de la más feroz necesidad frente a la crueldad de la persecución política, representa una tradición de resistencia activa y una lucha continua por la emancipación social en la región. Su historia es el vivo testimonio del poder de la organización popular y la convicción de que un futuro más justo es posible a través del compromiso colectivo y la defensa inclaudicable de los derechos del pueblo.